Seg'un la CEPAL,Clima de desencanto y malestar que prevalece en América Latina convive con expectativas de cambio
La gobernabilidad democrática de América Latina y el Caribe enfrenta una crisis sociocultural que amenaza con desestabilizarla. Los problemas político-institucionales no se resolverán si no se aplican medidas que favorezcan la equidad.
Así se advierte en “Una inflexión histórica. Cambio político y situación socio-institucional en América Latina”, artículo de la Revista de la CEPAL Nº 96, escrito por Fernando Calderón, Coordinador del Informe sub-regional de Desarrollo Humano del MERCOSUR.
La región inicia un nuevo ciclo histórico, tras las reformas estructurales y transición democrática, postula el autor. Este se caracteriza por un clima de desencanto y malestar, pero también de grandes expectativas de cambio y progreso dentro de un régimen democrático que aún aprueba la sociedad.
“El malestar convive con la generación de una ciudadanía más autónoma y crítica, vinculada a nuevos espacios públicos de participación, conflicto y diálogo”, sostiene Calderón. Este momento de inflexión en América Latina puede abrir una ruta renovadora de la democracia y el desarrollo, según cómo se avance en fortalecer la institucionalidad y mejorar la equidad.
Plantea que una pregunta clave se refiere a la manera en que – dado un contexto de acelerada globalización- la política y las instituciones de la democracia procesarán los cambios que viven las sociedades latinoamericanas. Para responder a esta interrogante en el artículo se examinan tendencias socio-históricas y se ofrecen reflexiones que pretenden ilustrar sus principales hallazgos.
Los problemas político-institucionales están asociados a límites de los sistemas de representación y a una desconfianza generalizada frente a las instituciones, como los partidos políticos.
Se suma la histórica incapacidad de los sistemas institucionales para representar los llamados “pueblos originarios”, cuyas demandas de participación y cambio están modificando sistemas políticos en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala.
Además, pese a los avances en materia de políticas públicas y participación política para la mujer, los actores político-institucionales aún tienen dificultades para procesar los cambios y las demandas en función de la equidad de género.
Según Calderón, la mayoría de las personas aboga por una nueva relación entre el Estado y la economía en la que el primero genere integración social y equidad pero a la vez potencie la economía en el marco de la globalización.
En términos generales, los conflictos sociales latinoamericanos se han hecho más intensos, pero también se han fragmentado entre aquellos de reacción o protesta y los que crean nuevas fuerzas socioculturales, opciones políticas y revelan las dificultades de las instituciones para lograr integración y progreso social.
Calderón propone -para mejorar la gobernabilidad en América Latina- recuperar y fortalecer la ética política en función de la equidad y el respeto a las instituciones. Estima necesario promover una cultura que valore el bien público, y se asocie a una rigurosa fiscalización de la actividad pública.
Además, es relevante desarrollar instituciones independientes con facultades específicas de investigación judicial, y permitir auditorias de organizaciones internacionales.
También sugiere aumentar la capacidad de acción del Estado para que, sumada con el mercado, se cree una concepción renovada del desarrollo que incluya mayor cohesión social.
Así se advierte en “Una inflexión histórica. Cambio político y situación socio-institucional en América Latina”, artículo de la Revista de la CEPAL Nº 96, escrito por Fernando Calderón, Coordinador del Informe sub-regional de Desarrollo Humano del MERCOSUR.
La región inicia un nuevo ciclo histórico, tras las reformas estructurales y transición democrática, postula el autor. Este se caracteriza por un clima de desencanto y malestar, pero también de grandes expectativas de cambio y progreso dentro de un régimen democrático que aún aprueba la sociedad.
“El malestar convive con la generación de una ciudadanía más autónoma y crítica, vinculada a nuevos espacios públicos de participación, conflicto y diálogo”, sostiene Calderón. Este momento de inflexión en América Latina puede abrir una ruta renovadora de la democracia y el desarrollo, según cómo se avance en fortalecer la institucionalidad y mejorar la equidad.
Plantea que una pregunta clave se refiere a la manera en que – dado un contexto de acelerada globalización- la política y las instituciones de la democracia procesarán los cambios que viven las sociedades latinoamericanas. Para responder a esta interrogante en el artículo se examinan tendencias socio-históricas y se ofrecen reflexiones que pretenden ilustrar sus principales hallazgos.
Los problemas político-institucionales están asociados a límites de los sistemas de representación y a una desconfianza generalizada frente a las instituciones, como los partidos políticos.
Se suma la histórica incapacidad de los sistemas institucionales para representar los llamados “pueblos originarios”, cuyas demandas de participación y cambio están modificando sistemas políticos en países como Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala.
Además, pese a los avances en materia de políticas públicas y participación política para la mujer, los actores político-institucionales aún tienen dificultades para procesar los cambios y las demandas en función de la equidad de género.
Según Calderón, la mayoría de las personas aboga por una nueva relación entre el Estado y la economía en la que el primero genere integración social y equidad pero a la vez potencie la economía en el marco de la globalización.
En términos generales, los conflictos sociales latinoamericanos se han hecho más intensos, pero también se han fragmentado entre aquellos de reacción o protesta y los que crean nuevas fuerzas socioculturales, opciones políticas y revelan las dificultades de las instituciones para lograr integración y progreso social.
Calderón propone -para mejorar la gobernabilidad en América Latina- recuperar y fortalecer la ética política en función de la equidad y el respeto a las instituciones. Estima necesario promover una cultura que valore el bien público, y se asocie a una rigurosa fiscalización de la actividad pública.
Además, es relevante desarrollar instituciones independientes con facultades específicas de investigación judicial, y permitir auditorias de organizaciones internacionales.
También sugiere aumentar la capacidad de acción del Estado para que, sumada con el mercado, se cree una concepción renovada del desarrollo que incluya mayor cohesión social.
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