Plantean que 1% de trabajos del sector público sean para personas con discapacidad
Así lo solicita el proyecto de acuerdo Nº 678, aprobado por 51 votos, que pide garantizar el acceso a fuentes laborales para las personas con discapacidad.
La iniciativa pide al Ministerio de Planificación que realice un catastro de las funciones o empleos del sector público, con el fin de establecer cuáles pueden ser desempeñadas por personas con discapacidad, diseñando un mercado laboral reservado de manera exclusiva para ellos, y asegurando un 1% de los empleos públicos a dichas personas.
De acuerdo a cifras entregadas por el FONADIS, en Chile hay 1.625.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, pero la tasa de cesantía en ese sector asciende a 90%. Del 10% restante, un 9% realiza un trabajo informal.
Además, del total de 2 y medio millones de personas con discapacidad en Chile, más del 50% son indigentes, que viven bajo la línea de la pobreza.
En ese sentido, los autores del proyecto de acuerdo señalan que como un deber del Estado es crear las condiciones sociales que permitan la plena integración todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, es preciso reservar a estas últimas aquellas funciones o empleos públicos en que puedan desempeñarse, como una forma de superar la discriminación a la que se ven enfrentadas.
La iniciativa pide al Ministerio de Planificación que realice un catastro de las funciones o empleos del sector público, con el fin de establecer cuáles pueden ser desempeñadas por personas con discapacidad, diseñando un mercado laboral reservado de manera exclusiva para ellos, y asegurando un 1% de los empleos públicos a dichas personas.
De acuerdo a cifras entregadas por el FONADIS, en Chile hay 1.625.000 personas con discapacidad en edad de trabajar, pero la tasa de cesantía en ese sector asciende a 90%. Del 10% restante, un 9% realiza un trabajo informal.
Además, del total de 2 y medio millones de personas con discapacidad en Chile, más del 50% son indigentes, que viven bajo la línea de la pobreza.
En ese sentido, los autores del proyecto de acuerdo señalan que como un deber del Estado es crear las condiciones sociales que permitan la plena integración todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, es preciso reservar a estas últimas aquellas funciones o empleos públicos en que puedan desempeñarse, como una forma de superar la discriminación a la que se ven enfrentadas.
Comentarios